Transición Estructural

Zona noble de Vocento. Cuatro grabados de músicos presiden la espaciosa sala donde el Consejo celebra sus cónclaves. Una sublimación del solfeo que no sirvió para amansar a las fieras el pasado lunes. El reloj marcaba ya las nueve de la noche cuando llegó el turno de preguntas. Los consejeros acababan de aprobar por unanimidad las cuentas de 2011, mejores en su esencia de lo que sugieren los 50 millones de pérdidas. Tomó entonces la palabra Santiago Bergareche y, como quien pide una aclaración a los números, anunció el golpe de estado: un grupo de accionistas solicitaba una Junta Extraordinaria para tomar el control de la compañía. Estupefacción en unos y aceptación serena en otros. En todo caso, declaración de guerra a la familia Ybarra y primer acto de una vendetta que empezó a fraguarse hace ya un lustro. Llega el momento del desquite.

Corría el mes de mayo de 2007 cuando el entonces consejero delegado, José María Bergareche, hermano de Santiago, cesaba en el cargo. No era una tragedia, si acaso un paréntesis. Estaba pactado que accediera a la presidencia apenas meses después. Al punto de que ya había maniobrado para que el nuevo primer ejecutivo, escogido por un head-hunter, fuera Belarmino García, un hombre de paja que podría fácilmente manejar y que no sabía mucho del negocio (procedía de la operadora de móviles Amena). Todo bajo control… O casi. El resto de accionistas -los Ybarra, Urrutia y Luca de Tena- se aliaron a sus espaldas y optaron por un independiente para presidir el Consejo: una elección irreprochable, el marqués de la Romana, Diego del Alcázar. El mensaje que se lanzaba a los Bergareche no podía ser más claro: “No habéis sido fieles a nuestros pactos de familia”.

Y es que en paralelo al proceso de sucesión, Emilio Ybarra, a la sazón copresidente del BBVA, se había visto envuelto en penosos procesos judiciales por el escándalo de las cuentas secretas del BBV en Jersey. A finales de 2006, el empresario se quejaba -incluso dejando testimonio por escrito- de que el diario ABC no sólo no le había apoyado, sino que se había aliado con la parte contraria. Y, entre otros, culpaba al consejero delegado. Tampoco ayudó a Bergareche que se le hubiera escapado incomprensiblemente la compra de Recoletos (Expansión y, sobre todo, la joya de la corona Marca) en favor de Unidad Editorial y los italianos de Rizzoli. Todo a pesar de haberla fraguado él mismo con un viejo accionista de Vocento, Jaime Castellanos. ¿Conclusión? La nueva alianza en el Consejo dejaba a los Bergareche en la reserva. Así hasta el pasado lunes.

De hecho, Santiago Bergareche lanzaba el órdago con apoyos que, al menos, le acercan al 40% del capital y le conceden chance. Para empezar, está con él Víctor Urrutia, el multimillonario vicepresidente de Iberdrola siempre presente en los movimientos exitosos en el accionariado de Vocento. ¿Qué le mueve dar un paso adelante? Aquí sólo caben hipótesis. Fuentes próximas al Consejo advierten de su proximidad a las tesis de Soledad 'Petisa' Luca de Tena. Y añaden que Petisa quiere guerra desde la salida del anterior consejero delegado, José Manuel Vargas, por quien sentía especial inclinación. Como barman de este coctel estaría el propio Castellanos, a quien muchos ven como el cerebro gris de la insurrección, que además “tiene bastante más del 4,4% que se le supone”. La guinda a este combinado la ponen otros accionistas minoritarios como Manuel Jove o Félix Revuelta. Con una pregunta de fondo, ¿con qué proyecto?

¿Camino de una operación corporativa?

Sobre el papel, se trata de reducir el Consejo y aumentar el número de independientes para sacar de su actual parálisis al máximo órgano de representación de la compañía. Algunos accionistas no se lo creen. “Piensan que no hay proyecto, que son una UTE [unidad temporal de empresas] que busca tomar el control de la empresa y repartirse el botín. Y sin lanzar una opa ni poner un duro”, sugieren fuentes conocedoras de las inquietudes del frente contrario. Una reflexión que parte de que las Luca de Tena, cuya principal preocupación es el ABC, no hayan hecho público su apoyo al bloque rebelde. “Si lo hacen explícito pasan del 30% y están abocados a una opa por acción concertada”, remachan. Sin un plan para el futuro, el temor es que se trocee la compañía. Y ahí es donde surge el temor de una operación corporativa, sin que se olviden los negocios pasados de Castellanos, puro broker, con Unidad Editorial.

El nuevo pulso accionarial pone a prueba un pasado de relaciones cosidas a sangre y fuego durante casi 100 años. Por un lado, la estirpe de los Ybarra, que impulsó en 1910 el nacimiento del original El Pueblo Vasco, un periódico conservador, vasco y españolista. Por otro, la familia Echevarría, emparentada con los Bergareche, controlaba El Noticiero Bilbaino, cabecera histórica de la capital vizcaína y algo más afín a las tesis liberales. Concluida la Guerra Civil y con Franco en el poder, los dos proyectos terminaron uniéndose en 1945, bajo aprobación del Caudillo, para dar forma a lo que sería el germen del grupo de prensa regional Correo. Desde entonces, los Ybarra, Echevarría y Bergareche han ido de la mano en una aventura empresarial que consiguió abrirles las puertas del mundo de la prensa en Madrid con la compra del también centenario ABC. Pero ahora, toda esa suma está en el aire.

El peor parado en toda la intriga es Luis Enríquez, consejero delegado desde julio, que pese a las promesas trabaja sabiendo que en dos meses puede estar jugando al golf. Casi peor son las dificultades que tendrá en los próximos 60 días para motivar a un equipo marcado por una desesperante sensación de déjà vu. Y es que parece que cada vez que se dinamiza la gestión, las familias se meten en una espiral de intrigas y maquinaciones que hace derrapar a la compañía. “Es una pena. Vamos en línea con el plan en 2012 con la que está cayendo. Y el promedio diario de ventas del 'ABC' se ha incrementado en 7.000 ejemplares en febrero”, aseguran fuentes internas de la firma. Y es cierto que los aparentemente malos números de 2011 fueron bien acogidos por los analistas. No en vano más de 21 millones se fueron en indemnizaciones, más de 8 en regularizar las vacaciones fiscales vascas y otra decena en echar la persiana en La 10. Sin el esfuerzo de limpiar las cuentas, el resultado es plano. Luego de aquí en adelante sólo puedo ir mejorando, pensará Enríquez. Aunque eso será si le dejan.

Durante años se le consideró el nuevo Polanco. O incluso el Rupert Murdoch español. Pero el magnate mediático Jaume Roures ve ahora como su imperio hace agua. Con Mediapro en concurso de acreedores, obligado a fusionar La Sexta con Antena 3 y cerrada la versión en papel del diario Público, el productor catalán intenta resurgir de sus cenizas.

Aunque con derechos deportivos comprometidos por un total 2.669 millones de euros no lo tenga nada fácil. Confeso marxista -"hago dinero para servir a mis ideas (...) yo no trabajo, milito", aseguraba hace dos años al diario francés Libération-, Roures tiene una fortuna estimada en cerca de 500 millones de euros.

El productor controla cerca de un tercio del capital del holding Imagina Media Audiovisual, en el que se integra Mediapro, y sus activos se elevan a 1.579 millones de acuerdo con las cuentas cerradas a 31 de diciembre de 2009, que se aprobaron el pasado mes de enero y se acaban de depositar en el Registro Mercantil de Madrid.

Todo, al cierre de ese ejercicio, con una deuda de 241 millones de euros y una cifra neta de negocios de 1.068 millones, prácticamente similar a la de un año antes.

Objetivo: ocultar el dinero
Lo curioso es que parece empeñado en ocultar su patrimonio. En el Registro de la Propiedad no hay ningún inmueble a su nombre; hace años figuraba una casa en Barcelona y otra en Ullá, en la comarca del Ampurdán (Girona), pero estaban a nombre de la sociedad Negofam, de la que era administrador único. Y, por si fuera poco, gran parte de sus sociedades patrimoniales están o han estado domiciliadas en Holanda, probablemente por las mejores condiciones fiscales que ofrece este país frente a la Administración Tributaria española.

Según figura en las cuentas anuales, la sociedad holandesa Mediacapital BV, controlada por Roures, tiene una participación del 32,06% en Imagina; Witgoud Invesments BV (también holandesa y propiedad en un 90% de Mediacapital BV y en un 10% de Cavendish Square Holding, firma de inversión de la multinacional de publicidad WPP) controla otro 20%; Torreal tiene el 19,84% y el resto de socios el 28,10 por ciento.

La semana pasada, las cosas cambiaron ligeramente después de la entrada en el capital del grupo mexicano Televisa, que ha tomado una participación del 14,5%, provocando que el resto se haya diluido ligeramente, lo que no impide sin embargo que Roures y sus socios, fundamentalmente Tatxo Benet y Emilio Aragón, sigan teniendo el control.

Medicapital BV es también la propietaria de Orpheus Media, una sociedad en la que Roures figura como administrador único y que, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil, tiene el 52,30 por ciento de Mediapubli, la sociedad editora del diario Público y de La Voz de Asturias. Y no sólo eso. Hasta hace unos años esta firma era también accionista junto a Camulvendish Square Holding de Mediaproduction BV, otra sociedad radicada en los Países Bajos -el año pasado trasladó su sede a Barcelona-, que figuraba como matriz de Mediapro, la productora titular de los derechos deportivos.

El declive del productor
Y si Imagina descarta hacer ningún comentario, el ejecutivo de Mediapro tampoco quiere oír hablar del cierre del rotativo. Según contaba la semana pasada el diario digital Vozpopuli, preguntado sobre la incertidumbre que viven estos días los 160 trabajadores del periódico -sólo se quedarán 26 para mantener la edición digital- respondió de manera escueta y tajante durante el III Encuentro Anual de Productores Audiovisuales Españoles. "Ahora estoy a otro rollo", aseguró.

No en vano, mientras se anunciaba el cierre de Público, él estaba en un hotel de Beverly Hills, en Los Ángeles (Estados Unidos),con con motivo de la ceremonia de entrega de los Óscar. Y eso, mientras su imperio se va desmoronando. En el último año, el productor ha ido perdiendo todos los contratos que consiguió en RTVE en la época en la que José Luis Rodriguez Zapatero era presidente.

La cadena pública, con un ajuste de 204 millones de euros en ciernes, no renovó el contrato que tenía con Mediaproducción (de Roures) para realizar el programa España directo. Cancelar ese contrato supone un ahorro de unos 18 millones al año para la corporación. Ese mismo año también perdió la producción de los informativos de Asturias y, en febrero, no le renovaron el contrato con las Mañanas de La1 que realizaba, en parte, por 4 millones de euros. La disminución de los contratos junto con la guerra del fútbol le llevó a intentar cobrar derechos deportivos a las radios.

Los dueños de la información
Archivado en: información — Mendigo @ 12:15

Existen varios caminos por los cuales el capital puede controlar, manipular, condicionar la información que recibe una sociedad a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, con los contratos de publicidad en un medio con la condición implícita de impunidad informativa, maniobra harto frecuente en empresas como El Corte Inglés.

Una forma que tienen los bancos de controlar la información es gracias a su posición como tenedor de deuda, el mismo chantaje al que someten a los partidos políticos (sería gracioso que mañana El País destapase una información perjudicial para Botín, cuando PriSA está pendiente de renegociar con el Santander su descomunal deuda para poder seguir existiendo).

Pero sin duda la forma más directa y evidente que tiene el gran capital de controlar la información, de crear en la sociedad estados de opinión que sean favorables a sus intereses, es con la propiedad de esos medios de comunicación. Echando un rápida ojeada a la estructura de propiedad de los medios de comunicación se comprende rápidamente la homogeneidad ideológica de la sociedad, instalada en el pensamiento único. La diversidad se reduce a matices, a cuestiones secundarias.

La información es el cuarto poder, no descubro nada. La importancia determinante de los medios de comunicación en la formación y control de la conciencia social de un pueblo era ya evidente hace varios siglos. En el mundo actual, un volcán de información, el control de la misma es absolutamente necesario para que el capital consiga perpetuarse.

Que la información que recibimos, cada vez más mascada, digerida y deglutida, condiciona nuestro voto y, por lo tanto, la Democracia, es innegable. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto es legítimo que el sector de la comunicación sea mayoritaria, abrumadoramente conservador. Que defienda sin fisuras el status quo y los privilegios adquiridos, santificando por encima de todo la propiedad privada.

Nuestro sistema electoral cocina la voluntad del pueblo expresada en las urnas, configurando una Cámara Baja (del Senado mejor no hablar) que es un reflejo deformado de la sociedad española (como los espejos convexos, que adelgazan el reflejo de quien los mira). Ese falta de representatividad es un déficit de LEGITIMIDAD del poder legislativo, en cuanto que la soberanía emana del pueblo.

De la misma forma podríamos preguntarnos la legitimidad de una prensa volcada en la derecha política y económica, teniendo las izquierdas una mayoría social clara en la sociedad española.

La prensa no es inocente. Los medios de comunicación hace muchas décadas que dejaron de servir a los intereses (la necesidad de información) de sus clientes, para servir a más altos intereses (no por elevados, sino por superiores en la jerarquía social).

Nada ha cambiado. Llevamos siglos, milenios trabajando para condes, duques o marqueses, con esos u otros nombres (CEO, presidente-director general…). Esta misma clase dirigente lleva siglos, milenios dictando a sus pregoneros las normas, las directrices de su sistema. Los sacerdotes desde los púlpitos (aunque estos ya han caído en el descrédito) y los periodistas desde sus columnas reproducen fielmente la doctrina del poder. Ofrecen a la sociedad la visión del mundo que encaja con los intereses de sus dueños.

Trabajamos en las tierras, en los talleres del señor conde. Compramos los productos que nos vende el señor conde. Y, además, atendemos respetuosamente la homilía que ha redactado el señor conde. Cada día, a la hora de comer, la familia enmudece ante el televisor.

Y más nada. Os dejo con el infográfico; digeridlo con calma pues está lleno de información interesante. Contiene algunas sorpresas, pues a los nombres ya esperados de Berlusconi, Godó, Polanco, Luca de Tena o Lara se unen otros inesperados como Ramón Mendoza, Alicia Koplowitz, George Soros, Karlos Arguiñano, Bill Gates, Carlos Slim (la mayor riqueza del planeta) o un imputado por la Gürtel. Incluso un empresario condenado a dos años de cárcel por corrupción y que ahora es candidato a presidir la Cámara de Comercio de Burgos. Nos encontramos de nuevo con el Albert Frère que era dueño de Total y, por lo tanto, de CEPSA. Con el fondo BlackRock, cuyo presidente tuvo una oscura entrevista con nuestro monarca. Y con los grandes gigantes de la banca, Goldman, HSBC, el Norgesk o el Santander.

Os dejo que vayáis descubriéndolo;



Este esquema ha sido realizado gracias a la colaboración de HugoMM, Manolox y Picapiedra. Muchas gracias, compis, por vuestra ayuda.

Notas sobre el gráfico:
- Los datos los hemos ido obteniendo en la entrada Estudio colaborativo sobre medios. Si quieres más información, un punto a partir del cual seguir investigando, revisa esos comentarios.
- El mundo de la comunicación está en constante transformación, así que rápidamente esos porcentajes de propiedad quedarán desactualizados (dentro de poco tendremos que incluir, por ejemplo, La Sexta en la órbita de Antena 3). Muchos lo estarán ya, de hecho. Cualquier esquema que represente el mundo de la comunicación debe ser un esquema dinámico, en constante revisión. también para ello este trabajo es colaborativo. Sería necesario que entre todos fuéramos reportando los errores, omisiones o actualizaciones para que el gráfico sea un reflejo lo más fideligno posible de la realidad de los medios que operan en España.
- Las cifras de participación accionarial están redondeadas al entero más próximo.
- El cajón con flecha que retorna a la empresa indica el porcentaje de acciones en autocartera
- La propiedad de una empresa suele estar distribuida entre los miembros de la familia del dueño (cónyuge, hijos o, excepcionalmente, hermanos o amigos). Simplifico poniendo el nombre más relevante de esa familia, o añadiendo la clave (F) de familia o (H) de herederos.

Conclusiones:
- Debería leer más a menudo Gara. El único medio de los que he analizado cuya propiedad es colectiva, popular, y no de ningún constructor, miembro de la nobleza, magnate de las comunicaciones, banco o fondo de inversión extranjero. Lástima que esté tan centrado en cuestiones vascas (me recuerda al chiste del mapamundi de Bilbao)
- Hemos de tomar nota de la lección de cómo se creó Gara: con una aportación media de 600€ de 10.000 personas. Si eso lo logró una parte de la sociedad vasca, demostrando que sería perfectamente posible sacar un proyecto análogo en España. Yo al menos aportaría gustoso 600€ a cambio de participar en un medio de comunicación que sea realmente independiente de los poderes fácticos, muy en concreto del único poder que nos dirige y gobierna: el capital. Un medio de comunicación al servicio de la sociedad, sus propietarios y sus lectores. Un medio de comunicación colectivo.

Para ello sería necesario que la izquierda española estuviera siquiera la mitad de organizada y motivada que la izquierda vasca. Falta, clamorosamente, una organización en la izquierda que impulse proyectos como el de un periódico de capital popular. Las que hay, se limitan a seguir el papel de partidos políticos al uso, limitando al teatrillo de las urnas su actuación política.

Hay que crear algo nuevo. Y diferente.

Vuelvo a pedir colaboración con el gráfico, para subsanar errores o actualizarlo. Espero que lo encontréis útil para ubicaros en el proceloso piélago de los medios de comunicación.

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Edito: Me gustaría incluir aquí el dibujo del caricaturista sirio Ali Ferzat. La dama togada es, por supuesto, la Democracia (يمقراطية).

Quien gobierna España (3): BBVA
Hoy hablaremos de varias familias y empresas relacionadas. Ybarra, Castellanos, BBVA (segundo banco español), Grupo Vocento (segundo grupo de comunicación español)...

Si bien la familia March y la familia Botín han conseguido dirigir bancos como si se tratara de empresas familiares, la mayoría de grandes empresas son máquinas en las que los propios jefes son meras piezas, y se les puede sustituir si no cumplen bien su función. Eso sí, se les despide con indemnizaciones muy elevadas.

Las familias de Neguri son un grupo de familias vascas que durante décadas manejaron la mayoría de la industria española del hierro y el acero. Familias tradicionales y católicas, que se encontraban los domingos en la iglesia y arreglaban matrimonios entre ellas.

Emilio de Ybarra Churruca, nacido en 1936 con su padre fusilado por los republicanos y criado por su madre Dolores Churruca Zubiría, condesa de El Abra, que va a legar el título a sus nietos sin pasar por los hijos (el mencionado Emilio y Santiago Ybarra). Emilio es miembro de la Comisión Trilateral, como Carlos March. Está casado con María Aznar Ybarra y tiene 4 hijos: Emilio, Ignacio, María y Lucía Ybarra Aznar. En 1988 Emilio fue nombrado presidente del Banco Bilbao Vizcaya (BBV).

Emilio es recordado en este artículo: Declaraciones sobre el secuestro de mi padre como una persona que hizo poco por salvar a su tío Javier de Ybarra cuando fue secuestrado y asesinado por ETA. También se dice que "algunas personas han funcionado en Bilbao sin protección. Eso induce a sospecha." y que Emilio entró a trabajar en el diario El Correo gracias a su tío. Y es que la familia Ybarra formó una alianza entre la prensa y la banca que iremos viendo a continuación.La otra parte de las siglas BBVA es Argentaria. Se trataba de un holding formado en 1991 para agrupar a los bancos públicos, primero bajo la dirección de Francisco Luzón, y después de Francisco González.

Argentaria se privatizó progresivamente entre 1993 y 1998, y en 1999 se fusionó con el BBV, de modo que Francisco González y Emilio Ybarra compartieron la dirección de forma bicéfala. González descubrió un entramado financiero dudoso (escándalo de las cuentas secretas del BBV) y acabó haciendo que Ybarra se marchase a dirigir el Grupo Vocento (puesto que acabó abandonando también) mientras él quedaba como único director del BBVA.

El Grupo Vocento es el primer grupo de prensa escrita de España, con más de tres millones de lectores diarios (ABC a nivel nacional + varios regionales), más Punto Radio, o La 10 y Net TV en la TDT. En su consejo contamos con cinco Ybarra (Ignacio Ybarra Aznar representa a Mezouna SL, el accionista mayoritario de Vocento, y es consejero del BBVA), un Bergareche (otra familia de Neguri, esta persona es consejero del Banco Guipuzcoano), dos Luca de Tena (antiguos propietarios del ABC), y Victor Urrutia Vallejo (casado con una hija de José Antonio Ybarra Gorbeña), que es vicepresidente de Iberdrola y consejero de Barclays.

La línea editorial de todos los medios de Vocento es ser favorables al Partido Popular, y coincidir la mayoría de sus opinadores (articulistas, tertulianos) con lo expresado por Rajoy y sus portavoces, como si cada mañana recibieran un argumentario a defender.

La relación entre Vocento y BBVA es la suficiente para que ningún periodista de Vocento escriba algo negativo sobre el BBVA, como nos cuenta Pascual Serrano en su artículo Bancos españoles, medios de comunicación y Camorra italiana. Supongo que tampoco se puede decir nada malo de Iberdrola, siendo su vicepresidente un consejero del grupo. No he podido determinar si el BBVA es acreedor de Vocento, pero sí que el grupo tiene pérdidas millonarias, sobre todo por culpa del ABC. Es posible que todos los medios de comunicación sean deficitarios; no existen para ganar dinero sino para producir una mercancia (opinión pública) a medida de quienes van poniendo el dinero año tras año.Entre los accionistas de Vocento, a través de Casgo S.A., está otro hombre de la burguesía de Neguri llamado Jaime Castellanos Borrego (presidente en España del banco de negocios Lazard, donde tenemos a un Rothschild), que es familia política de Emilio Botín, consejero de Acciona (familia Entrecanales), y controlaba el Grupo Recoletos ("Marca" y "Expansión") hasta que en 2007 fue comprado por RCS Media Group por 1.100 millones de euros. RCS es el grupo italiano que también controla Unidad Editorial (editora del diario "El Mundo") con más del 96% de acciones, fusionándose Recoletos en Unidad Editorial.

Unidad Editorial participa en Radio Marca, esRadio (de Jiménez Losantos, por la licencia de emisión que le otorgó su amiga Esperanza Aguirre), y en la TDT tienen Veo7, AXN, 13TV, Marca TV, y Aprende Inglés TV. Pero esto es un apunte que ya no tiene que ver con Castellanos o con Vocento.

Volviendo al BBVA, su mayor accionista individual no es Francisco González, sino el empresario gallego Manuel Jove; fundador de la inmobiliaria FADESA, el mayor grupo inmobiliario independiente de España, constructora del mayor resort turístico de Marruecos (Jove es amigo de Mohamed VI, quien lo condecora con el wissam alauita en 2005). Anticipado a la crisis inmobiliaria, Jove vende en 2006 sus acciones de Fadesa por 2.800 millones de euros y en 2007 compra acciones de BBVA por valor de 3.285 millones de euros. En 2008 Martinsa-Fadesa anuncia la mayor suspensión de pagos de la historia española, y finalmente reciben multas por no controlar el blanqueo de dinero.

Jove (con un 4.34% de las acciones) es superado por el fondo de inversión BlackRock (con un 4.45%), que también tiene un 4.77% del Santander. BBVA es el mayor accionista de Telefonica.

Y para finalizar, un artículo cuyo título lo dice todo: BBVA: armas, dinero negro y paraísos fiscales
http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article589

De momento esto es todo a fecha de diciembre de 2010.

Tras ser fulminado de Intereconomía, De Diego amenazó con desvelar los “chanchullos” de Julio Ariza al frente de la cadena de televisión. Finalmente llegó a un acuerdo con los directivos de la cadena que propició, salvo algunas declaraciones aisladas, su silencio en torno al Toro Party.

Ahora, De Diego rompe su silencio en ELPLURAL.COM y lo hace para confirmar que recibió una cuantiosa indemnización tras ser despedido y que fue constantemente “censurado” por no defender la teoría de la conspiración. El polémico periodista lanza durísimas críticas contra Pedro J. Ramírez, Jiménez Losantos y Esperanza Aguirre. En la entrevista, De Diego también anuncia que próximamente desvelará aspectos  desconocidos sobre el tamayazo y sostiene que los directivos de la cadena no han cobrado su última nómina debido a los graves problemas económicos que padece el grupo mediático.

- ELPLURAL.COM: ¿Por qué el pasado domingo 11 de marzo se manifestó en la sede de El Mundo?
- Enrique de Diego: En El Mundo llevan ocho años de mentiras sobre el 11-M. Es fundamental llamar mentiroso a Pedro J. Ramírez  y plantar cara a ese falso poder mediático que al servicio de Esperanza Aguirre viene haciendo negocio. Es  fundamental decirle a Pedro J. Ramírez que es un mentiroso y un manipulador y que ha escrito la página más negra de la historia del periodismo español. Es un fracasado y un acomplejado.

- ELPLURAL.COM:  ¿Qué papel juega Federico Jiménez Losantos en la llamada teoría de la conspiración?
- Enrique de Diego: Losantos es un personaje menor e irrelevante. Es un mero satélite de Pedro J. Ramírez y un mantenido de Esperanza Aguirre.  Es simplemente una proyección de ese núcleo del mal. Lo que han hecho es intentar dominar el Partido Popular y recuperar el poder a través de esta sucia mentira, que es una pura invención, un desprecio a la gente y una muestra de antipatriotismo.

- ELPLURAL.COM: ¿Le ha sido difícil defender esta visión sobre la teoría de la conspiración? ¿Le ha ocasionado algún coste?
- Enrique de Diego: Sí, me ha sido muy difícil. Me ha ocasionado costes continuos. La censura durante mucho tiempo.

- ELPLURAL.COM: ¿La censura en Intereconomía?
- Enrique de Diego:  Sí, la censura en Intereconomía. Tenía prohibido por órdenes de Esperanza Aguirre hablar del 11-M y esto luego me ocasionó el despido. Un alto porcentaje del despido, que luego fue acuerdo amistoso y muy amistoso, es que Federico Jiménez Losantos pide mi cabeza. Este es un linchador de cuarta.

- ELPLURAL.COM: ¿Tanto poder tiene Jiménez Losantos en Intereconomía?
- Enrique de Diego: La que tiene poder es Esperanza Aguirre. La que da las ordenes en Intereconomía es Esperanza Aguirre. La jefa de los conspiranoicos es Aguirre. Y por tanto es todo negocio.

- ELPLURAL.COM: En círculos periodísticos se dice que su enemistad con Esperanza Aguirre viene de cuando usted era subdirector de la revista Época y pudo recabar muchísima información sobre el tamayazo.
- Enrique de Diego: No tengo ninguna cuestión personal con estos personajes (los del tamayazo).

- ELPLURAL.COM:  ¿Pero usted qué puede contar del tamayazo?
- Enrique de Diego: Explicaré cosas en un futuro libro sobre el tamayazo. Pero no sólo. También sobre el funcionamiento de los medios.

- ELPLURAL.COM: ¿Qué hay de cierto en las informaciones que hablan de la existencia de luchas de poder internas en Intereconomía? ¿Está cuestionado Carlos Dávila como director de La Gaceta?
- Enrique de Diego: A Dávila lo quieren echar pero él no se da por enterado.

- ELPLURAL.COM:  Para terminar, ¿cuánto dinero le pagó Intereconomía?
- Enrique de Diego: Eso no te lo puedo decir, no te lo voy a decir. Yo estoy contento. No sé ellos. Yo sí. Dado que no pagan las nóminas estoy encantado (…) Antonio Jiménez, Xavier Horcajo no han cobrado todavía este mes (a fecha de 11 de marzo de 2012). Los directivos no han cobrado todavía. Tampoco pondría la mano en el fuego de que hayan cobrado todos los trabajadores que están en el sistema general. Los que están fuera del sistema general, como autónomos, esos no han cobrado.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), dependiente de la Subsecretaria de Trabajo e Inmigración, ha hecho efectiva la sanción al periódico ‘El País’ por las condiciones laborales de los becarios, según confirman fuentes del sector que indican que la empresa deberá hacer frente a una multa de 160.000 euros. El comité de empresa del rotativo, que denunció la situación de los estudiantes el pasado verano, recriminó el martes -a través de un comunicado en el que avisaba de la intención de la editora del periódico  (Grupo Prisa) de llevar a cabo un “número muy importante de despidos”- que la falta de profesionales en la plantilla “llevó a la dirección a utilizar a los becarios de la Escuela de Periodismo como si fueran trabajadores contratados”. “Un claro abuso ya sancionado”, recalca el documento. 

En los primeros días de abril, el periódico confirmó en a Vozpópuli –que en febrero ya había adelantado la decisión de Trabajo de aplicar una sanción- que las condiciones de los becarios habían sido modificadas para resolver el conflicto abierto a cuenta de su situación laboral en la redacción, tal y como coincidieron en señalar varias fuentes del medio de comunicación. El comité de empresa del periódico de Grupo Prisa denunció las condiciones que vivían los becarios en junio de 2011, ya que los redactores en prácticas llevaban a cabo tareas de máxima responsabilidad que no correspondían a su status. Según señalaron fuentes internas, los becarios con los que los que ‘El País’ cuenta ya están dados de alta en la Seguridad Social, a diferencia de la dinámica que se había establecido en los últimos años. Ahora, debido a la inspección y la multa, los becarios no pueden viajar, ni hacer turnos de noche, ni trabajar los fines de semana (a no ser que la información seguida lo requiera), entre otras tareas.

Los becarios forman parte del Máster de Periodismo UAM-El País, un curso por el que cada alumno paga aproximadamente 12.000 euros y que tras un año didáctico los elegidos podían desarrollar prácticas en los medios de Prisa. Uno de los grandes reclamos del máster, precisamente, era que al finalizarlo se podría firmar en El País. Los responsables de Prisa Digital, empresa responsable del máster, ha modificado los estatutos del mismo y las condiciones para que la formación pase a ser de dos años obligatorio y así integrar el período de prácticas dentro del curso formativo.

GINSO la Asociación que contrató diferentes estudios a las empresas de Germán Yanke y Álvaro Renedo, Fain Viejo y Inver-Eleto, continuó recibiendo continuas subvenciones cuando Francisco Granados ocupaba el puesto de consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Todas ellas a través de la  Agencia para la reeducación y reinserción del menor infractor. Solo tener en cuenta que ni el mencionado Granados ni su antecesor, Alfredo Prada, ya no continúan en el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre ni tampoco en el Comité Directivo del PP madrileño.

Así, a través de cinco Adendas entre el 2008 y el 2011, renovó el convenio que ya había firmado Alfredo Prada para la atención de menores y jóvenes a los que los jueces de menores hay establecido medidas de internamiento en régimen cerrado. Pero además firmó otra serie de convenios que supusieron casi 1,1 millones de euros. El 31 de agosto de 2009 se rubricó el convenio de colaboración para la realización del programa Intégrate de Formación e Inserción Laboral para menores sujetos a medidas de internamiento por 40.788 euros. Más tarde, ese mismo año se cerró otro nuevo convenio por el que recibía 413.721,60 euros para la gestión del Programa Educativo para Menores Infractores e Inserción Social Autónoma.

Al amparo de Estrella Digital
Este mismo acuerdo se prorroga el 29 de octubre de 2010 por otros 68.953,60 euros. Pero sin duda fue el 2011 cuando GINSO fue más beneficiada. El 1 de junio de 2011, se firmó un nuevo Convenio de colaboración para la realización del programa intégrate de formación e inserción laboral para menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales de internamiento y de medio abierto, por el que pagaba la Agencia para la reeducación y reinserción del menor infractor, 287.500 euros a razón de 57.500 euros al mes durante cinco meses. En octubre fue prorrogado otros cinco meses con las mismas condiciones económicas, lo que supuso 287.500 euros más. Todo ello con independencia de lo que la Comunidad abonaba por el centro de Brea de Tajo, de 210 a 225 euros al día, en un centro de capacidad máxima de 228 plazas.

La historia de estos millonarios contratos para una sociedad amparada en un medio de comunicación digital no acaba aquí. Hay más personajes implicados y empresas afectadas. 

Overlord, muy interesante lo que nos cuentas de primera mano. Sin comprometerte, cuéntanos más 

Y aprovechando que tenemos por aquí a un profesional del gremio, me gustaría saber cómo funcionan exactamente esos periódicos o revistas mensuales de los ayuntamientos, comarcas, etc.. que se pusieron tan de moda hace unos años, casi en su totalidad desaparecidos con la crisis. Logicamente eran autopropaganda del partido o partidos en cuestión.

Rebeca Tobelem.[/b

Para ''su'' periódico de entonces, La Opinión de Málaga] guardo los mismos 'sentimientos' ( ).

SE PAGABAN 30.000 EUROS POR CADA INFORME CONFIDENCIAL
Directivos de las principales operadoras, implicados en la venta de datos

Directivos de las principales operadoras de telefonía de España y funcionarios de Hacienda han sido detenidos en el marco de la Operación Pitiusa, que, según el Ministerio del Interior, ya ha provocado más de 70 detenciones, principalmente de detectives privados que traficaban con datos confidenciales de ciudadanos y empresas.

Según han confirmado fuentes del sector de la telefonía a El Confidencial, cargos de Vodafone, Movistar y Orange de diversos puntos de España fueron imputados en la operación. Una de las implicadas es Beatriz F., responsable de Orange en Madrid. También figura como implicado Cristian O., responsable de Atención al Cliente de Vodafone en el País Vasco. Otro detenido es Javier A., titular de una tienda oficial de Movistar en Andalucía. “Ahí se sacaban facturas detalladas, a quién llamaba el investigado o quién le llamaba, identificación de números de teléfono...”, señala a El Confidencial uno de los detectives que había utilizado alguna vez los servicios de la red y que reconoce que tiene “varios amigos” implicados en la misma.

Fuentes del sector de la investigación señalaron a este diario que el modus operandi de la organización desarticulada se basaba en “extraer datos confidenciales de Hacienda, Tráfico, Inem, catastro, o historiales médicos de personas investigadas. Entre los detectives, era ya conocida la filiación de algunos de los integrantes de la organización, aunque no se sabía que pudiesen conformar una red organizada”. Un detective subraya también que “por algunos informes se pagaban en el mercado hasta 30.000 euros, pero eran completísimos, incluso se puede decir que eran baratos por la cantidad de datos que aportaban, porque dejaban completamente desnudo al investigado debido a la cantidad de información que aportaban”. Y añade que, además, “también comenzaban a circular listados de movimientos de cuentas de españoles en el extranjero, principalmente en Suiza, a precios que rondaban los 100.000 euros”.

Otro prestigioso detective consultado por El Confidencial reconoce que “hay trapicheos con muchas empresas y con administraciones. Para ser honestos, creo incluso que no hay ni un solo detective que, en un momento dado, no haya comprado un dato, ya sea para un informe financiero o laboral. Incluso en un caso de divorcio, si un señor es alcohólico y tiene varias multas por eso, la esposa necesita su verificación para que no pueda tener la custodia de los hijos, por ejemplo. Y eso se consigue de modo subrepticio”.

Este profesional detalla a este diario el coste de los servicios que ofertaba la red desarticulada: “Por saber dónde trabaja un señor, se cobran 50 o 60 euros. Por un historial laboral completo, se pagan 100 euros. Por una declaración de renta, entre 1.500 y 2.500 euros. Por un 347 [relación de los clientes de una empresa], entre 2.500 y 3.000 euros. Por un 349 [relación de proveedores de una empresa], igual. Estos dos últimos son importantes para investigar casos de espionaje industrial. Saber los vehículos a nombre de un ciudadano, 50 0 60 euros. Por unos antecedentes penales, entre 50 y 60 euros... Estos precios, por supuesto, eran de coste, porque lo que yo cobraba después al cliente era más, ya que debía incluir mis honorarios.”

De las garras de la red desarticulada no se libraba ningún dato confidencial, ya que lo mismo sustraían de las bases de datos oficiales historiales laborales que listados de llamadas, propiedades o declaraciones de Hacienda. Por este motivo, fueron arrestados en el marco de la operación policial empleados de la Agencia Tributaria, de la Hacienda Foral del País Vasco y del catastro.

El enfado de una secretaria

Según informaciones que circulan en el sector de la investigación privada, el tema comenzó hace un año en Barcelona. “La detective Cristina P., compañera sentimental de un comandante del Ejército, despidió a una secretaria. Por lo que parece, aquella no le pagó o no llegaron a un acuerdo económico y la secretaria se fue directamente a la Policía a denunciar que traficaba con datos confidenciales. Pueden vestir el tema como quieran, pero ahí empezó todo”, dice el propietario de una gran agencia de investigación a este diario. A partir de ese momento, comenzó la investigación por parte de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía de Barcelona. Al extenderse la ramificación a otros lugares de España (hay implicados en Cataluña, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Valencia, Andalucía y Murcia) se incorporó a la investigación la unidad de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Luego, se descubrió que varios detectives bebían de las mismas fuentes y que utilizaban a algunos intermediarios para hacerse con información confidencial de Hacienda, la Seguridad Social, Tráfico u otros registros. Sara D., una de las implicadas en la investigación que hasta hace poco formaba parte de la plantilla de uno de los grandes bufetes de investigación y ahora dirige su propia agencia, negó a este diario que traficase con información. ”No quiero saber nada de ese tema. Cuando se levante el secreto de sumario, ya veremos qué es lo que tienen, porque yo nunca he trapicheado con información confidencial. De momento, no haré ninguna declaración”.

Un conocido detective señala también a El Confidencial que “algunas de las principales agencias de investigación privada están implicadas o tienen alguna persona implicada en esta red”. Otro investigador privado incluso reconoce que “a mí me ofrecieron datos confidenciales. Además, si encargaba muchos datos, me realizaban una rebaja del precio. Por cada declaración de la renta, por ejemplo, se pedían unos 1.500 euros. Y por una declaración a terceros de una empresa se podían pedir hasta 3.000 euros. El señor que me contactó, me visitó en el despacho e incluso llegué a grabar la conversación. Como lo que proponía era algo ilegal, preferí no entrar en ese cambalache”.

No se salva nadie. Ni amigos ni familiares, ni empresarios ni políticos. La Operación Pitiusa comienza a dar sus primeras sorpresas. Iniciada hace un año por la brigada de Seguridad Privada de Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía, ya tiene más de cien implicados que, supuestamente, traficaban con datos confidenciales de ciudadanos y empresas. Uno de ellos es la excuñada del mismísimo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Se trata de Mercedes Gómez, empleada del Inem detenida en Badalona el pasado 7 de mayo.

Fuentes cercanas al ministro confirmaron a El Confidencial esta detención, pero matizaron que Mercedes, que estuvo casada con uno de los hermanos Fernández Díaz, lleva separada “unos 20 años”, por lo que la relación que mantiene con la familia es nula.

Mercedes es hija de Graciniano Gómez Catón, exsubdelegado de Trabajo en Barcelona con la UCD y procesado en un monumental fraude a la Seguridad Social a comienzos de los 80. Este escándalo vertió ríos de tinta, ya que en él estaban implicados casi un centenar de miembros de la elite empresarial barcelonesa que llegaron a defraudar unos 3.600 millones de pesetas de los de entonces en connivencia con los directivos del Ministerio. Cuando se descubrió el fraude, en 1982, Gómez Catón desapareció del mapa hasta que en 1985 volvió y se entregó al juez, que le dejó en libertad bajo fianza de cuatro millones de pesetas.

En 1979, un joven Jorge Fernández Díaz era delegado de Trabajo en la capital catalana y varios miembros de su familia fueron contratados por la Administración para trabajar en ese ramo: nada menos que dos hermanas (Isabel y Carmen), un hermano (Francisco José), tres de sus cuñadas (una de ellas, la ahora detenida), un cuñado, su propia esposa y un primo de ésta. Mercedes pasó a trabajar en el Inem, pero dependiendo directamente del despacho del delegado del ministerio, es decir, de su cuñado.

La ahora implicada en la trama de venta de datos confidenciales mantenía, según fuentes del sector de los detectives privados, contactos directos con intermediarios para facilitarles informaciones obtenidas de las bases de datos del Inem. De ahí que apareciese en la investigación dirigida por el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona. Según las mismas fuentes, la empleada del Inem es sólo una pieza más del engranaje dentro de la trama de traficantes de información.

La operación policial también comienza a cobrarse sus primera víctimas políticas, como el detective Carles Bosch, ex secretario del Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña. Porque, además de investigador privado, es el segundo de Convergència i Unió (CiU) en la localidad barcelonesa de Dosrius. Además de concejal, Bosch es también miembro del consejo comarcal del Maresme en representación de la formación nacionalista.

Denunció al alcalde a Protección de Datos

Curiosamente, hace un tiempo, Bosch había acusado al alcalde de Dosrius, el socialista Josep Jo, de usar el padrón municipal de forma indebida y de vulnerar la ley al utilizarlo para ponerse en contacto con los recién llegados al pueblo. ”Los datos de las altas en el padrón municipal no son para que la alcaldía conozca personalmente a los nuevos vecinos”, dijo entonces Bosch, que envió la denuncia a la Agencia de Protección de Datos.

Y en otro blog comarcal señalaba textualmente: “Al alcalde, todo lo que tiene que ver con la protección de datos se lo pasa por donde más le conviene. Sólo hace falta ver cómo está atareado los fines de semana haciendo visitas a los nuevos empadronados. A más de uno le agradaría ver su palm donde almacena, según he oído, datos muy sensibles de algunos habitantes del municipio. No se atreve a tener estos datos en el ordenador del Ayuntamiento porque no hace mucho ya tuvo una inspección de la Agencia de Protección de Datos”.

Y en su blog titulado Reflexions d’un Convergent a Dosrius (Reflexiones de un Convergente en Dosrius), que preside una foto del concejal con Artur Mas, escribía el 29 de agosto pasado: “Comenzamos un nuevo curso político. Veremos cuál es el papel de cada uno en esta opereta que tiene aires de Réquiem”. Premonitorio, sin duda.

No es el único político implicado. Según fuentes del sector de la investigación privada, el concejal de Comunicación, Atención Ciudadana y Protección Civil de Getxo, Josu Loroño, del PNV, también se comunicó con la red para supuestamente tener acceso a datos restringidos. En el País Vasco, fueron imputados, entre otros, un agente de la Guardia Civil y un funcionario de la Hacienda Foral. Las mismas fuentes señalan que la participación de Loroño en el tema es nimia, ya que su actuación se limitó a recibir puntual información sobre algún tema, pero no realizaba labores de intermediación ni de venta de datos.